GRAN GOLPE A LOS ACUSADOS DEL CASO PRETORIA

Pretoria
La Audiencia Nacional avala la escuchas
ordenadas por Garzón
BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha avalado las escuchas autorizadas por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y su sucesor, Pablo Ruz, durante la instrucción del caso 'Pretoria', al considerar que se realizaron con todas las garantías procesales.

Según el auto, el tribunal desestima los recursos de apelación presentados por los abogados de los imputados contra las principales diligencias que se han llevado a cabo a lo largo de la investigación.

Las defensas pedían en este recurso la nulidad de las actuaciones desde que se formó pieza separada y secreta en el que se intervinieron las comunicaciones telefónicas de varios de los imputados, alegando la "inidoneidad, ser prospectivas, su falta de control judicial y la falta de
motivación de las prórrogas", según consta en el auto.

Ahora la Audiencia Nacional concluye que tanto el auto de formación de pieza separada como su declaración de secreta cumplen los requisitos procesales necesarios, y las comunicaciones telefónicas cuestionadas tenían "adecuada motivación sobre la base de unos detallados informes
policiales".
20 IMPUTADOS
Ruz mantiene imputados a 20 ex altos cargos y empresarios en el marco de esta causa, en la que se investigan las actividades urbanísticas que la trama habría realizado aprovechando su influencia en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y
Badalona.

La operación policial, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, destapó una presunta trama de corrupción que se saldó con la detención de nueve personas, entre las que se encontraban el ex diputado del PSC Luis García, presunto líder del grupo; el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet
Bartomeu Muñoz y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Un año después, todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros y otras medidas cautelares.

AGUJERO EN LOS TRES AYUNTAMIENTOS

Las actividades de los imputados provocaron que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros, según constaba en el auto de prisión dictado por el juez Baltasar Garzón, que imputó a los principales procesados en la trama los delitos de cohecho, tráfico de
influencias, prevaricación y fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En la investigación también están imputados el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos los cuales se encuentran en libertad bajo fianza.
También están siendo investigadas las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente; el presunto testaferro del primero, Philip McMahann; el ex gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas; Víctor Ros (PP), ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona); el ex concejal de Urbanismo de la localidad, Antoni Jiménez y Genís Carbó, ex director de Política Territorial en gobiernos de CiU y ex concejal de la formación en Mataró.

Completan la relación de encausados el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, y el ex gerente de Proyectos del Ayuntamiento de Santa Coloma, Lluís Falcón; y Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra